Los mayores de 26 años y los discapacitados que no alcancen un
grado mayor del 65%, que no hayan cotizado a la seguridad social y no sean
insolventes, además de los inmigrantes sin papeles, los europeos que están de paso por España y los
trabajadores de profesiones liberales como médicos, arquitectos, ...; se
quedarán sin tarjeta sanitaria. Es decir, sin la asistencia médica, acabando con casi treinta años
de desarrollo del Sistema Nacional de Salud; que dejó atrás el Seguro y la
asistencia sujeta a la cartilla del cotizante y familia para convertirse en un
derecho ciudadano. Ahora eso ha vuelto traducido en el pago de una cuota, o mejor dicho, si pagas impuestos
tendrás salud. Finalmente, el nuevo real decreto convierte a las comunidades autónomas
en convidados de piedra, meros tramitadores de la tarjeta sanitaria; ya que
toda la potestad y competencia queda en manos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Un paso más hacia el centralismo que veremos próximamente en
otras competencias.
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