La Generalitat de Catalunya tiene previsto
recaudar 1.000 millones de euros, por la privatización de la explotación de la
red regional de abastecimiento de Barcelona, que gestiona actualmente la
empresa pública Aigues Ter Llobregat (ATLL). La empresa que gane el
concurso, asumirá las instalaciones, la conservación y mantenimiento de las
potabilizadoras de Cardedeu (Ter) y Abrera (Llobregat), las
desalinizadoras de El Prat y Blanes y las conducciones regionales. El Govern
recibirá 400 millones de euros a la firma del contrato, y 600 millones más
durante los 50 años de la concesión. La empresa ganadora deberá efectuar
una inversión de 123 millones para mejorar tres instalaciones (el depósito de
Masquefa, la potabilizadora de Cardedeu y el revestimiento de la conducción El
Pastoral-Cardedeu). Sin embargo, no deberá asumir la deuda de ATLL, cifrada en
663 millones de euros. La empresa provee un servicio en 140 municipios a
4,2 millones de habitantes de la región central de Barcelona; quienes verán
incrementada su factura de agua, por supuesto. El principal problema de la
operación es: se pretende recoger 1.000 millones de euros y se deben 663
millones de euros, confiemos que la diferencia sea invertida en la ciudadanía;
y no sirva para que sea malgastado por los políticos de turno; y al final,
continuemos con la deuda y no veamos lo recaudado. Además, alguien podría
explicar porque se deben 663 millones de euros? La adjudicación está prevista
para diciembre de 2012, y en caso de declararse desierta; también tendríamos un
aumento de la factura.
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