Tenemos un nuevo dilema en
España, que el Gobierno Español agradece como cortina de humo frente a los
casos de corrupción, su ineficiente política gubernamental y el movimiento secesionista de algunas comunidades, entre otros temas, que aún siguen sin
resolución. La derogada Doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), abre las puertas a 54 terroristas de ETA , 7
del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes como violadores y asesinos; aunque el
gobierno prevé la libertad de 167 presos en total, 61 presos veteranos de ETA,
en una primera tanda, otros 76 etarras en una segunda y una treintena de presos
comunes con varias condenas. La libertad de etarras no es el problema, existe
una paz y un abandono de la lucha armada, con pocas posibilidades que estos
excarcelados puedan o quieran volver a actividades terroristas. El problema
verdadero son la treintena de violadores y asesinos que son enfermos y aún no
se han rehabilitado, curado o están preparados para vivir en sociedad, y esto
si es una alarma social por la indefensión de la ciudadanía. A esto le sumamos las indemnizaciones que tendrá que
pagar el Gobierno Español, por la vulneración de sus derechos al tenerlos
encarcelados más tiempo del establecido. El problema fue aplicar
retroactivamente la Doctrina Parot de 2006 a los condenados antes de 1995, que
normalmente con pena superior hasta 30 años y teniendo en cuenta los beneficios
penitenciarios, salían de prisión a los 15 o 20 años. La aplicación de la
Doctrina para evitar esto, vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el “Derecho a la Libertad y Seguridad”.
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